Elon Musk dice adiós a California. El magnate tecnológico ha informado este martes que mudará las oficinas principales de SpaceX y X, antes conocida como Twitter, a Texas. Es el más reciente golpe de efecto del empresario contra el Estado que lo vio crecer como emprendedor. Musk, convertido de lleno en simpatizante y donador a la campaña del expresidente Donald Trump, asegura que su decisión responde a la aprobación de una ley que prohíbe a los distritos escolares notificar a los padres de los niños que cambien su identidad sexual en las escuelas. “El año pasado le dejé claro al gobernador Gavin Newsom que legislaciones de esta naturaleza forzarían a familias y compañías a abandonar California para proteger a sus niños”, escribió Musk en la red social que adquirió en 2022.
Musk culmina con esta maniobra una mudanza corporativa que inicio con Tesla en 2021. La sede del gigante de los coches eléctricos pasó de ubicarse en Palo Alto, California a Austin, Texas, que se ha convertido en una de las cunas de tecnológicas más importantes del Oeste de Estados Unidos. La capital tejana recibirá también a X, la red social que nació en San Francisco. Las oficinas principales de SpaceX, ubicadas en Hawthorne, al sur de Los Ángeles, ahora tendrán como domicilio la base de lanzamiento que la compañía mantiene en el Valle del Río Grande, cerca de la ciudad fronteriza de Brownsville.
Newsom, el mandatario local californiano, ha minimizado la decisión del magnate, cada vez más identificado con el sector duro de los republicanos. “La última vez que Elon Musk mudó unas oficinas, Tesla acabó expandiéndose en California, incluso relocalizando sus oficinas de Ingeniería Global e Inteligencia Artificial”, aseguró la oficina del gobernador, citando un comunicado de febrero del año pasado. La entidad, la más poblada del país, es también el mayor mercado para Tesla. Cuatro de cada diez vehículos eléctricos de Estados Unidos se compran en California.
El anuncio de Musk provocó que las autoridades locales de California salieran a defender la entidad frente al gran bastión republicano. “Veamos cómo los líderes de Texas ‘protegen a sus niños’: Tienen una tasa de homicidios 29% más alta que California; las muertes por violencia armadas son 78% más altas que California; la mortalidad infantil es 39% más alta y Texas es el Estado 31 en regulación de armas, mientras que California es el número 1″, indicaron.
En cambio, Greg Abbott, el gobernador republicano, fue más escueto con su bienvenida a los intereses de Musk. “teXas es la sede principal para los negocios”, escribió en la plataforma digital. Días después de la operación con la que se quedó con Twitter, Elon Musk entró a las oficinas del centro de San Francisco cargando un lavabo. Era un guiño a la frase Let that sink in, que podría traducirse en “piensa en esto”. Era uno de los hombres más ricos del mundo comprando un gigante tecnológico de la comunicación. Su polémica gestión de la empresa se ha caracterizado desde entonces por abrirle la puerta a usuarios que fueron castigados en el pasado por discursos radicales y extremistas.
La prensa local de San Francisco informó la semana pasada que el emblemático edificio de Twitter en la calle Market estará disponible para rentar en el corto plazo. De acuerdo a The San Francisco Chronicle, los empleados que aún laboran en ese sitio no han sido informados todavía de si deberán reubicarse a Austin. Musk no es partidario del trabajo remoto.
La polémica ley escolar
California se convirtió el lunes en el primer Estado que prohíbe al personal escolar notificar a los padres cambios en la identidad de género de estudiantes. La ley, conocida como la AB1955, ha sido aprobada en medio de un debate nacional sobre los derechos de las familias y los estudiantes LGBTQ+. Quienes apoyan la legislación creen que esta puede ayudar a aquellos que vivan en hogares hostiles ante el colectivo. Sus detractores, en cambio, opinan que esta entorpecerá la comunicación entre las autoridades de las escuelas y las familias.
En su mensaje de contraste con Texas, las autoridades de California han asegurado que la norma protege la relación de los estudiantes con sus familiares al “prevenir” que políticos y personal escolar interfieran “de forma inapropiada” en asuntos personales y evita determinar cuándo deben llevarse a cabo las “conversaciones profundamente personales”. “En la ley estatal, los menores no pueden cambiar legalmente su nombre o género sin el consentimiento parental y a los padres se les garantiza el acceso a sus récords escolares”, recuerda la Administración local.
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