Los ecos de la prohibición de la red social X en Brasil siguen resonando tres semanas después. Motivado por el “reiterado incumplimiento de órdenes judiciales” de la plataforma que dirige Elon Musk, que se negó a bloquear perfiles que contribuyen a la “divulgación masiva de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos”, el cierre forzoso de la plataforma ha sido interpretado como un golpe en la mesa de la sociedad frente los excesos de las tecnológicas. Pero todavía está por ver qué efectos reales tendrá ese golpe. Medio centenar de economistas, académicos y activistas publican hoy martes una carta abierta en la que exigen el cese de la presión ejercida por “las grandes empresas tecnológicas” sobre Brasilia para tratar de cercenar el despliegue de varias iniciativas dirigidas a defender su soberanía digital.
“Deseamos expresar nuestra profunda preocupación con respecto a los ataques continuos por parte de las grandes empresas tecnológicas y sus aliados contra la soberanía digital de Brasil”, arranca el documento. La disputa del gobierno de Brasil con Elon Musk es solo el último ejemplo de un esfuerzo más amplio por “restringir la capacidad de las naciones soberanas para definir una agenda de desarrollo digital libre del control de las megacorporaciones con sede en EE UU”, destacan los firmantes, entre los que se cuentan economistas como Thomas Piketty, que sacudió hace una década la disciplina con El capital en el siglo XXI; Yanis Varoufakis, el efímero ministro griego de Finanzas que lidió con el rescate del país; el especialista en desigualdad Daron Acemoglu o Mariana Mazzucato. Otros nombres destacados que secundan el texto son los de Shoshana Zuboff, autora de La era del capitalismo de la vigilancia, el ensayista Evgeny Morozov o la jurista Renata Ávila.
Los académicos subrayan que Brasil se ha convertido en el “frente clave” en el “conflicto global entre las corporaciones tecnológicas y aquellos que buscan construir un panorama digital democrático y centrado en las personas, enfocado en el desarrollo social y económico”. El presidente Lula da Silva, dice el documento, persigue la independencia digital de su país, que pretende conseguir reduciendo su dependencia de entidades extranjeras para datos, capacidades de inteligencia artificial (IA) e infraestructura digital, y obligando a las grandes empresas tecnológicas “a pagar impuestos justos, cumplir con las leyes locales y rendir cuentas por las externalidades sociales de sus modelos de negocio”.
La respuesta a este impulso regulatorio brasileño ha sido el desafío de algunas tecnológicas, como es el caso de X, y las amenazas de otras con el objetivo de “socavar iniciativas que buscan la autonomía tecnológica” del país americano. Los firmantes del documento creen que lo que está sucediendo allí nos incumbe a todos. “Más que una advertencia a Brasil, [las acciones de las grandes tecnológicas] envían un mensaje preocupante al mundo: que los países democráticos que buscan independencia del dominio de las grandes empresas tecnológicas corren el riesgo de sufrir interrupciones en sus democracias, con algunas corporaciones apoyando movimientos y partidos de extrema derecha”.
“Exigimos que las grandes empresas tecnológicas cesen en sus intentos de sabotear las iniciativas de Brasil dirigidas a desarrollar capacidades independientes en inteligencia artificial, infraestructura pública digital, gestión de datos y tecnología en la nube”, dice la carta, que no especifica a qué sabotajes se refiere. Uno de los firmantes del documento apunta a AWS, empresa filial de Amazon, que mantuvo hace tres semanas una reunión con representantes del gobierno para ofrecer una propuesta de servicio para apoyar el proyecto de nube soberana en la que trabaja Brasilia. “Las grandes empresas tecnológicas no solo controlan el mundo digital, sino que también hacen lobby y operan en contra de la capacidad del sector público para crear y mantener una agenda digital independiente”, lee el comunicado que se ha presentado hoy.
De la excepción europea a la americana
Brasil, país anfitrión de la cumbre del G20 de noviembre, presentó en julio su plan de IA, que contempla la inversión de 4.000 millones de dólares en los próximos diez años y que, bajo el eslogan IA para o Bem de Todos (IA para el Bien de Todos), contempla la regulación de esta tecnología para ponerle límites claros y para que su desarrollo sea inclusivo y sostenible. El gobierno tiene también en marcha un programa para dotarse de una infraestructura nacional de computación en la nube.
El caso brasileño es una nueva confirmación de que el ímpetu regulador en torno a la tecnología no es patrimonio europeo. La ambiciosa arquitectura jurídica de la UE en materia digital, que quedará completada en 2026, cuando entre en vigor el Reglamento de la IA, ha inspirado iniciativas legislativas en algunos estados de EE UU y en otros países. Esta misma semana se conocerá el informe sobre gobernanza de la IA en el que la ONU lleva trabajando año y medio.
“Este es un momento crucial para el mundo. Necesitamos un enfoque independiente para reclamar la soberanía digital y el control sobre nuestra esfera digital pública”, concluye el escrito.