“Cuando cumplí 11 años en 1995, me hice la promesa de ser cada día más inteligente, más fuerte y más libre. Hoy Telegram cumple 11 años y está listo para hacer esa misma promesa”. Este es el último mensaje del emprendedor Pável Dúrov (San Petersburgo, 39 años). Lo publicó el pasado 14 de agosto en su canal de Telegram, empresa que fundó junto a su hermano Nikolai en 2013. Irónicamente, esa búsqueda incesante de libertad por encima de todo le ha llevado a la cárcel, de momento solo como acusado.
El multimillonario fue detenido este sábado en el aeropuerto Le Bourget, en las afueras de París. Su arresto forma parte de una investigación policial centrada en la falta de colaboración de Telegram con la justicia. Las autoridades consideran que esta plataforma de mensajería encriptada permite el desarrollo de actividades delictivas de todo tipo, desde redes de pederastia hasta tráfico de drogas, crimen organizado y promoción del terrorismo. Y que Dúrov antepone la libertad y la falta de control en su plataforma a la persecución de estos delitos.
“El problema no es que haya gente que se dedique a delinquir, eso pasa en todas las plataformas, el problema es que no colabores para detenerlos”, explica en conversación telefónica Borja Adsuara, abogado experto en derecho digital. “Por no hacerlo le pueden acusar de obstrucción a la justicia. No de colaboración, porque no es una colaboración activa”.
Telegram, con sede en Dubái, tiene 950 millones de usuarios activos y estaría planeando su salida a Bolsa este año, como el mismo Dúrov confesó en una entrevista con The Financial Times. El magnate contó entonces que había rechazado ofertas de compra por valor de 30.000 millones de dólares (27.437 millones de euros). Esta aplicación se ha convertido en una alternativa a WhatsApp cada vez más usada. Sin embargo, tiene algunas diferencias con la aplicación de Meta. Telegram permite la creación de grupos de hasta 200.000 miembros, lo que la convierte también en una plataforma de contenidos. Estos grupos se crean en torno a intereses comunes: pueden ser políticos, culturales o de información sobre un tema concreto. También proliferan los grupos de piratería audiovisual. Por este motivo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó el cierre preventivo de la plataforma en España el pasado marzo, en un extraño auto que bloqueaba el servicio en España y que el propio juez anuló a los pocos días.
Esta capacidad de crear comunidades abiertas, pero con un gran celo por la privacidad, convirtió a Telegram desde su creación en un motor de resistencia y una molestia para los tiranos. Los líderes autoritarios de Rusia e Irán intentaron prohibirla. La aplicación tuvo un papel relevante en revueltas populares en Ucrania, Bielorrusia y Hong Kong.
Sin embargo, en los últimos años, Telegram se ha convertido en un refugio para otro tipo de resistencia. Las cosas empezaron a cambiar rápidamente en 2021, cuando la plataforma se llenó de conspiracionistas, racistas y agitadores de la extrema derecha. El detonante fue el asalto al Capitolio por parte de una turba de seguidores del expresidente estadounidense Donald Trump. Las redes sociales jugaron un papel importante en esta insurrección. Por eso, los días posteriores, Twitter y Facebook tomaron medidas con una purga de usuarios que consideraron responsables de haber incitado a la violencia o propagado desinformación. 25 millones de nuevos usuarios acudieron en manada a Telegram. Dúrov dijo que había sido “la migración digital más grande en la historia de la humanidad”.
Esta cascada de nuevos usuarios no se redujo de forma drástica con el tiempo; continuó en un flujo constante. El servicio de mensajería de la competencia, WhatsApp, había introducido límites mundiales al reenvío de mensajes en 2019, después de que se le acusara de permitir la difusión de información falsa en la India que provocó linchamientos. Pero Telegram no tenía estas cortapisas y muchos comunicadores de la desinformación y la extrema derecha vieron aquí una plataforma a su medida. En España, el eurodiputado Alvise Pérez o el agitador Vito Quiles son los mayores exponentes de una tendencia global.
Telegram no solo se ha convertido en una forma de transmitir desinformación, también es un excelente lugar para sacar dinero con ella. Un reciente estudio de la Universidad de la Sapienza (Roma) calculaba que los canales conspirativos habían conseguido recaudar con distintos proyectos 84,7 millones de euros de más 985.000 contribuyentes en los últimos años. Por eso la detención de Dúrov tiene una dimensión política. Comunicadores de la extrema derecha en todo el mundo (desde Alvise en España, hasta Tucker Carlson en Estados Unidos) se han apresurado a señalar al multimillonario como un mártir por la libertad. Lo cierto es que, buceando en su biografía, se podría decir que lo es.
Pável Dúrov se graduó en Filología en la Universidad Estatal de San Petersburgo en los años 2000. Alumno brillante, diseñó varias páginas web de intercambio de apuntes, pero fue la creación del Facebook ruso, en 2006, lo que le lanzó a la fama. En 2011, los servicios secretos rusos le pidieron que entregase información sobre varios opositores políticos. Dúrov se negó. Dos años después, volvieron a llamar a su puerta pidiendo que identificara a los ciudadanos ucranios que habían participado en las protestas proeuropeas del Maidán. Dúrov volvió a resistirse pero, sabiendo que estaba en el punto de mira del Kremlin, vendió su empresa y se marchó al extranjero a trabajar en una nueva plataforma, lejos de las garras de Putin.
La obsesión de Dúrov con la libertad en internet y el anonimato de los usuarios ha sido total desde entonces. El problema es que el magnate ha mostrado el mismo convencimiento al enfrentarse a regímenes autoritarios que buscan disidentes o a los jueces de países democráticos que quieren frenar la difusión de contenido pederasta o la piratería.
La aplicación no es responsable de que existan estos contenidos. “No son como un periódico” apunta Adsuara. “Desde la primera ley que se hizo al respecto en 1996 en EE UU, la ley de decencia de las comunicaciones, y luego en Europa, en el 2000, la directiva de comercio electrónico, se estableció el principio de exoneración de responsabilidades por los contenidos que compartimos los usuarios”, recuerda. Los responsables son los usuarios, no los dueños de la plataforma. Pero esta tiene que colaborar cuando se le pide, recuerda el experto. “Si aquí, hasta a la más pequeña de las pymes le obligamos a cumplir la normativa, los de las grandes plataformas no van a ser una excepción”. Este es el problema real con Telegram, enfatiza Adsuara: que Dúrov ha antepuesto el anonimato de sus usuarios a la colaboración con la justicia.
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